La Asociación de Funcionarios/as dela Subsecretaría de las Culturas y las Artes, ANFUCULTURA rechaza categóricamente el mensaje de la autoridad política del Ministerio de la Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, para la cual “un peso que se coloque en Cultura, es porque se deja de colocar en otro programa o necesidad de los ciudadanos”, palabras que menoscaban la dignidad y las necesidades urgentes del sector cultural en el escenario de crisis actual, como también, el desarrollo de la función pública de los cientos de trabajadores y trabajadoras fiscales que de Arica a Punta a Arenas, con una institucionalidad incompleta, heredada del consenso neoliberal de los últimos 30 años, llevan adelante, a pesar de todo, los planes y programas en culturas, artes y patrimonio.
UNESCO ha reconocido, en innumerables instrumentos, el valor del derecho a la cultura y la diversidad en un mundo globalizado y el rol de los estados de situarla en el centro del debate sobre desarrollo y progreso. En uno de sus últimos pronunciamientos, la Declaración de Hangzhou; Situar la cultura en el centro de las políticas de desarrollo sostenible, se reafirma “[…] el potencial de la cultura como motor del desarrollo sostenible por medio de las contribuciones específicas que puede aportar – en tanto capital de conocimientos y sector de actividad–al desarrollo social, cultural y económico incluyente, la armonía, la sostenibilidad ambiental, la paz y la seguridad. Así lo han confirmado muchos estudios y se ha comprobado en numerosas iniciativas concretas”
Este valor, necesariamente, debe estar acompañado de la institucionalización política de la cultura en las estrategias de desarrollo en diferentes niveles, nacional, regional e internacional, tema que será un desafío para la próxima agenda de Naciones Unidas para el desarrollo y los países que la componen. En nuestro país, si bien a partir de la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Estado ha asumido cierta responsabilidad sobre la actividad cultural del país, su rol es subsidiario y marginal. El Estado chileno no invierte más del 0,37% del presupuesto público en cultura, cuestión que implica que sólo 1 de cada 5 proyectos culturales que se presentan a los fondos de cultura son financiados.
A pesar de esta realidad, el campo cultural aporta cerca de un 2,2% del PIB de la nación, aun cuando posee una fuerza de trabajo altamente precarizada. Como han demostrado innumerables estudios, las/os trabajadoras/es de la cultura desarrollan su vida laboral en condiciones de informalidad y/o con contratos y prestaciones precarizadas, sin seguridad social, debiendo complementar sus ingresos con otros empleos no relacionadas al sector, a pesar de tener una de las tasas de profesionalización más altas del país.
Esta precariedad estructural, de sobrevivencia, se ha profundizado drásticamente, con consecuencias terribles en el actual escenario de pandemia de Coronavirus, crisis sanitaria y aislamiento social, donde miles de trabajadores, colectivos y centros culturales dejan de recibir ingresos, sea en actividades de formación o producción cultural, circulación, exhibición, restauración o venta de sus obras. El resultado es que 1 de cada 2 trabajadores de las culturas, las artes y el patrimonio se encuentran inactivos.
En virtud de todo lo señalado, nuestra organización ha impulsado, en conjunto con organizaciones presentes en el Ministerio, sindicatos independientes y organizaciones culturales de la sociedad civil, el rechazo a la aplicación de enfoques neoliberales en la manera en que la institucionalidad pública gestiona la crisis del COVID 19 en el sector cultura. Este movimiento,ha empujado, en conjunto con la recién creada bancada cultural del parlamento, la meta de aumentar el presupuesto público en cultura a un 1%, que permita no sólo recuperar al sector de la grave crisis económica, que afecta a comunidades de artistas y cultores a lo largo de todo el país, sin distinción, sino, además, avanzar en el reconocimiento de las culturas, las artes y el patrimonio como factor de desarrollo sostenible.
Por lo tanto, le exigimos a la Ministra que no renuncie al uso de las facultades que la ley 21.045 le entrega y que lidere la dirección de todas las energías del Estado en la recuperación del campo de las culturas, las artes y el patrimonio. Usted cuenta hoy con toda la información al alcance para entender y contener el impacto de la crisis en el ecosistema cultural chileno en todas sus dimensiones, como un derecho y un patrimonio colectivo, como un importante sector económico, como una fuente inagotable de pensamiento.
En complemento, rechazamos el secuestro que el Ministerio de Hacienda y su autoridad, el Sr. Ignacio Briones, hace de las políticas públicas en su conjunto, y que han significado en términos concretos que mientras los trabajadores y trabajadoresfinancian con sus propios fondos la crisis, con aproximadamente US$17.500 millones, provenientes mayoritariamente de sus fondos de AFP y en menor medidas del seguro de cesantía, el FISCO sólo ha destinadoUS$5.000 millones en ayudas sociales directas mediante el bono COVID, Ingreso Familiar de Emergencia y el Bono Clase Media.
En el caso del sector cultura, estas ayudas apenas beneficiaron al 2% de los trabajadores culturales mediante la ley de protección del empleo, sólo el 7% recibió el bono COVID y sólo un 8%, el ingreso familiar de emergencia, lo que hace más profunda la crisis del campo cultural en el país.Sin embargo, del total de agentes culturales que postularon a los Fondos de Emergencia del MINCAP, un 27% se benefició de estos, lo que da cuenta de la relevancia de fortalecer el gasto público en cultura, en oposición a la ortodoxa neoliberal que impulsa el Ministro Briones en la gestión del prepuesto 2021.
Por último, en el contexto de la discusión y votación parlamentaria del Proyecto de Ley de Presupuesto 2021 y el rechazo de la Comisión Mixta de Presupuesto el día martes 2 de noviembre a la partida del Tesoro Público en el que se encuentra una parte destinada a Cultura, ANFUCULTURA valora este resultado, ya que implica la posibilidad de volver a discutir, reasignar y optimizar los recursos atendiendo a las reales necesidades del sector planteadas de manera extensa por las organizaciones y gremios culturales, así como por el grupo de parlamentarios conocidos como Bancada Cultural. Un presupuesto a la altura de los ciudadanos y ciudadanas, es posible. Una mayoría abrumadora de chilenos y chilenas reafirmaron esta sentencia el pasado 25 de octubre, echando por tierra la constitución neoliberal de la dictadura cívico militar.
