Hoy en Chile existe una gran controversia y polarización de distintos sectores en torno a la discusión del aborto legal, libre, seguro y gratuito, demanda que parte en Argentina, donde distintas agrupaciones feministas alzaron su voz para que se legisle sobre algo que siempre ha existido y donde el Estado debe hacerse cargo con políticas de salud pública que reconozcan el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo de una manera digna y segura. El aborto legal es la base del feminismo. Se consagra, entonces, la libre disposición de nuestro cuerpo, que es en lo esencial, un territorio político y de reivindicación, y que nada tiene que ver con la criminalización de sectores conservadores o del machismo que se niega a vernos como sujetos de derechos.
Pero antes de discutir es necesario mirar un poco nuestra historia, entender cómo han sido abordados nuestros derechos sexuales y reproductivos. Entender, por ejemplo, la importancia que los distintos gobiernos desde el comienzo del siglo XX les han dado a nuestros úteros. Sabemos que la mujer ha tenido que organizarse y levantar su voz para conseguir derechos básicos, entre ellos, ser considerada un ser humano que posee libertades individuales y no solamente un instrumento de la economía, porque para un modelo capitalista como el nuestro la riqueza del país debe ser provista de una población numerosa y sana, que produzca el mayor tiempo posible y con una escasa presencia del Estado.
Las mujeres comienzan a ser visibilizadas en la década de los 30 cuando se genera un problema de salubridad pública por los altos índices de mortalidad infantil; los abortos clandestinos; el abandono y el trabajo infantil. Es ahí cuando el Estado presta atención a las mujeres obreras, porque para producir se necesitaba una población numerosa que obedeciera ciertos criterios de salubridad; de lo contrario, se frenaría el desarrollo del país. Fue entonces que se incorporar algunas herramientas para controlar la natalidad.
En esa época la agrupación feminista MEMCH (Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile) instala los temas del aborto y la anticoncepción con el objetivo de planificar la maternidad. Eran los años 30 y ya se debatía sobre el aborto, ya existían agrupaciones feministas que luchaban por los derechos reproductivos de la mujer y entregaban los primeros anticonceptivos. Además, se logra despenalizar el aborto en “ocasiones especiales” (en el año 1931 el Código Sanitario permite el aborto terapéutico, siempre y cuando el embarazo implique riesgo vital para la madre, situación que debía ser ratificada por dos médicos).
En los años 60 y a propósito de un incremento desmedido en la población mundial, los organismos internacionales recomendaron bajar los índices de tasa de natalidad, ya que se vería afectada la economía. Entonces surgen las políticas públicas de planificación familiar que se vieron reflejadas en el Gobierno de Frei Montalva.
La planificación familiar, mediante métodos como la píldora anticonceptiva y los dispositivos intrauterinos provocaron una gran discusión ideológica. Los sectores más conservadores junto a la Iglesia católica se oponían tajantemente a la “aberración” de los métodos anticonceptivos, basados en la Encíclica Papal del año 1968 “Humanae Vitae”, donde se condena el uso de cualquier mecanismo de control de natalidad. Pese al conflicto moral y ético que se instaló, se logró mantener estas medidas de salud o de “economía” del país.
Tras el golpe militar, comienza la lenta, pero profunda instalación del neoliberalismo en Chile. Los economistas que se formaron en Chicago tenían en mente instalar un modelo (experimental) a cualquier costo, teniendo presente las enseñanzas de Friedman: el mercado grande y el Estado casi invisible, y a disposición del primero; la igualdad no existe si no hay libertad de mercado; lo que es de todos no es de nadie. Con esa lógica y para que su experimento pueda dar frutos a mediano y largo plazo se necesitaba una importante mano de obra barata, es decir, que las personas recibieran un sueldo que no les alcanzara para sus necesidades básicas, endeudamiento máximo, cotización en AFPs y que compraran salud, educación y vivienda. Entonces, la solución era que en los consultorios se retirasen los dispositivos intrauterinos. Finalmente, en el año 1989 y como última reforma del dictador Pinochet se penaliza el aborto terapéutico.
Nuestros úteros han sido vistos como máquinas re“productivas”, dando pie a que se pronuncie el patriarcado para establecer su política de control sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos, comenzando por la Iglesia (separación Iglesia Estado: constitución de 1925) y siguiendo por los distintos Gobiernos, la mayoría encabezados por hombres.
Es tiempo de que la discusión la centremos en la libertad que tiene cada mujer para decidir sobre su cuerpo. Ser madre debe ser una opción, no una obligación y el Estado debe velar para que así sea. Y como dice la campaña al otro lado de la cordillera: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Garantía de derechos, nada más y nada menos. De eso se tratan todas las reivindicaciones. Dignidad e igualdad desde el nacimiento, en cada etapa de nuestras vidas. “Chile crece contigo” y “los niños primero” no pueden seguir siendo solo eslogan.
Por: Yéssica Almonacid Soto.
