La Convención de la Cultura no convence, a pesar de ser el evento nuclear que debiera definir las políticas públicas en materia de desarrollo cultural del país.

"Sólo la Convención debiera tener la jurisprudencia en definir qué es lo que el Estado debe hacer en materia de políticas públicas culturales".

Digamos que sí, que se echaron de menos varias cosas. Principalmente, participación y debate. Pero veamos primero la parte llena de esta última copa.

Llegado el momento del cierre de la VI Convención de la Cultura, la actividad se clausuró con un panel como pocos ocurren en Chile: Elicura Chihuailaf, Gabriel Salazar, Sonia Montecinos, Alfredo Jocelyn-Holt y Mateo Martinic, revisaron las matrices ideológicas de algunos de los procesos culturales más  gravitantes que han dado forma al país, dejando en evidencia las raíces de sensibles problemáticas, cuyos orígenes hacen referencia a la cultura del ocultamiento, el abuso, la discriminación, el blanqueamiento, todas ellas lacras que deterioran la felicidad de todos y, por cierto, la posibilidad de un desarrollo con más sentido. Lamentablemente, este panel —coordinado y moderado por Lautaro Núñez— no tuvo presencia sino hasta después que el “debate” de las comisiones —cuyos “aportes” resultaron ser de dudoso valor e interés— había terminado.

Por otra parte, podríamos decir que, hoy por hoy, la Convención de la Cultura es apenas un instrumento formativo que puede ser apreciado, en buena medida, como un “seminario de capacitación”. Y en este sentido, pareciera que la Convención viene a suplir una notoria carencia de formación y masa crítica, de la que adolece buena parte de los colegiados asisten. Ahora bien, si la misión de la Convención fuese aportar formación teórica y garantizar capacidades de análisis entre quienes integran los Consejos, entonces estos torneos tendrían merecido un amplio reconocimiento y se justificaría el oneroso costo que su realización representa.

El problema es que la Convención es el instrumento por el cual el Estado chileno define sus políticas culturales y para que ello ocurra la sociedad chilena, representada en los cuerpos colegiados, se da cita una vez al año para debatir, proponer, acordar y fijar las materias que serán abordadas como parte de las acciones que el Estado compromete a ejecutar. Dicho de otro modo, sólo la Convención debiera tener la jurisprudencia en definir qué es lo que el Estado debe hacer en materia de políticas públicas culturales. Hasta aquí todo muy democrático y pulcro. Lo curioso es que cuando la convención tiene lugar, los diversos departamentos y unidades de ejecución del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, ya han resuelto la programación del año siguiente, en un proceso administrativo y técnico que se definen a puerta cerrada, entre los meses de julio y agosto de cada año, de modo que cuando los consejeros son convocados a opinar y proponer, las decisiones ya están tomadas.

¿A qué se debe este desfase? Podríamos pensar que hay una evidente descoordinación entre la ciudadanía representada en sus consejeros y la  autoridad política. Puede ser... puede ser... y no sería algo de extrañar en esta administración. Pero estimo que el problema tiene una raíz más profunda que llega hasta lo más recóndito de nuestra tradición republicana, señalada por una historia estatal dominada por una  noción autocrática hacendal que, porfiadamente, ha desconfíado de la participación popular y que, por tanto, no le confiere a ésta mayor ingerencia en las tomas de decisiones, como no sea hacer de comparsa útil para la legitimación de lo que se acuerda en gabinete.

Si algo aprendimos los deudos y viudas de Di Girolamo —aquellos funcionarios y funcionarias de la ex-División de Cultura— en nuestros abnegados servicios al Estado chileno, es que la Patria se hace más grande cuando la construimos todos y todas. Hemos creído y creemos en la necesidad de un proyecto cultural de verdad inclusivo y es la persistencia de esa convicción la que nos hace mentenernos leales a este servicio. La Convención de la Cultura es perfectible y para ello cuenta con el legado de los Cabildos Culturales que, por cierto, revistieron un profundo ejercicio de la democracia en ese irrestricto respeto a la participación ciudadana, un sentido que con el tiempo se va olvidando y desdibujando en una sociedad controlada por una clase política cada vez más paranoica.

Columna de Opinión, es un espacio pluralista abierto a distintas opiniones, las que no representan necesariamente el pensamiento de ANFUCULTURA.

Imprimir

Adjuntos